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Andalucía lo vuelve a intentar con la ley contra los desahucios
Manoli, madre soltera, sentada con su hijo en una casa vacía que ocupó tras ser desahuciada. // LAURA LEÓNLa Ley desarrolla aquel decreto -en cuya votación el PP andaluz se abstuvo- e incluye mejoras como la ampliación de los supuestos para acogerse a la expropiación del uso temporal de viviendas, con un máximo de tres años. Además de las personas en riesgo de exclusión social inmersas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, con el nuevo texto tampoco podrán ser echados a la calle quienes avalaron con su propia casa otra vivienda, situación en la que se han visto padres y madres ya ancianos que ayudaron a sus hijos con la hipoteca. La ley también beneficiará a los autónomos que pusieron su vivienda como aval para sacar adelante su negocio y aquellas personas atrapadas en las denominadas hipotecas puente.
La Junta siempre ha defendido la constitucionalidad de la norma y cree que buena parte de los argumentos en los que el Gobierno fundamentó su recurso dejan de tener mucho más sentido ahora, como la fórmula para tramitar el texto. Según el Gobierno, la Junta no justificó la situación de urgencia a la que trataba de atender, imprescindible para poder hacerlo mediante decreto. “El legislador de urgencia autonómico ha de extremar la diligencia para justificar cumplidamente la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad; y singularmente el porqué no pudo atender a la situación apreciada a través de un procedimiento legislativo notablemente más ágil que el estatal”, argumenta el Abogado del Estado en el recurso.
La urgencia, insiste la Consejería de Fomento y Vivienda, son por ejemplo esas 18 familias en riesgo de exclusión social que se beneficiaron de la expropiación temporal en sólo tres meses y los “cientos de solicitantes” que se quedaron a la espera de una solución tras la decisión del Gobierno. “El decreto era útil y eficaz y daba poder a la gente frente a las entidades financieras. La Ley será aún más útil y eficaz y devolverá aún más poder a la gente”, ha asegurado la consejera, Elena Cortés (IU).
La norma recoge sanciones de hasta 9.000 euros a personas jurídicas (bancos e inmobiliarias, fundamentalmente) por tener viviendas vacías y multas de hasta 120.000 euros a las entidades financieras que no den un uso social a sus viviendas protegidas. El Gobierno, que en su recurso adjuntó un artículo del Financial Times para justificar la terrible situación por la que está pasando el sistema financiero español, destaca el esfuerzo que ha hecho para salvar a los bancos con dinero público y calcula que con la aplicación del decreto andaluz, la Sareb -conocida como banco malo- tendría que pagar más de 156 millones de euros en multas. “Las medidas autonómicas aquí impugnadas tienen la virtualidad de poner en verdadero peligro una de las líneas más esenciales de actuación en materia de política económica abordada por el Estado, a saber: la reestructuración del sistema financiero y la consecuención de la estabilidad de las entidades de crédito como herramienta fundamental para conseguir una reducción de la prima de riesgo de nuestro país y de comenzar una senda de crecimiento económico”, indica el recurso, que tendrá que resolver el Constitucional antes de fin de año.
Según la Consejería, lo que teme el Gobierno no son las multas ni la supuesta desestructuración bancaria, “sino la depreciación” de los suelos de la Sareb: que los inversores internacionales y fondos especulativos prefieran otras operaciones lucrativas en las que no se expongan a multas. El pasado agosto, la Sareb vendió su primer paquete de activos inmobiliarios, la operación Bull, al fondo de capital riesgo HIG. Pisos baratos -275 ubicados en Andalucía- que podrían iniciar de nuevo la formación de otra burbuja inmobiliaria.
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